Qué es el Cártel del cable eléctrico

El cártel de cable eléctrico fue la agrupación ilegal de fabricantes de cables eléctricos, que llevaron a cabo acuerdos de fijación de precios del cable eléctrico y otras condiciones comerciales y de reparto de proyectos de suministro de cables BT/MT.

El primero de los cárteles lo crearon las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión, entre las que figuran:

  • General Cable Holdings Spain
  • Caberte
  • Miguelez
  • Nexan
  • Prysmian
  • Top Cable

Llevando la iniciativa los líderes en el mercado, llevándose General Cable el grueso de la multa impuesta con 31.6 millones de euros más los 80000 euros a la asociación.

Cómo operó el Cártel del Cable Eléctrico

En colaboración con la asociación Facel , acordaron entre 2002 y 2015 de manera sistemática las tarifas y descuentos del suministro de cables, la fecha de aplicación de las tarifas acordadas en cada momento y la de su anuncio a los clientes, los plazos de pago, las condiciones de suministro e incluso la línea argumental que debían de seguir ellos para justificar los cambios de tarifa ante los clientes.

Además, se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes.

Por otra parte, cuando un gran cliente solicitaba una oferta de suministro de cables a distribuidoras y fabricantes, las empresas previamente acordaban el precio a ofertar al cliente en la licitación, de modo que los fabricantes ofrecían un precio superior al del distribuidor para tener asegurado que este último quedara adjudicatario.

Una vez adjudicado el proyecto a la distribuidora ésta compensaba a los fabricantes implicados encargándoles  la fabricación de los cables en ese u otro proyecto.

Todo ello suponía en la práctica, un incremento de los precios fijados para el suministro de dichos cables al cliente final, ya que los acuerdos de cobertura con los fabricantes permitían a las distribuidoras fijar al alza el precio de sus ofertas, pues conocían ya los precios incrementados que ofertarían dichos fabricantes. Por esto, se han sancionado a 3 cárteles.

Las multas a los participantes en el Cártel del Cable Eléctrico

En el primero de los cárteles, multado con 3,57 millones de euros y llamado cártel de PEISA, las empresas fabricantes se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013.

En el segundo cártel, que ha sido sancionado con 6,52 millones de euros y conocido como de Nixa, las empresas fabricantes ,se repartieron proyectos de suministro de cable a grandes clientes desde 2006 hasta 2013, mientras que en el tercer cártel, llamado de Amaray y sancionado con 3,48 millones de euros, actuaron desde 2011 a 2015.

Finalmente, en el cártel de dos empresas distribuidoras, que se repartieron un  total de 25 proyectos de suministro de cables desde 2011 hasta 2015 para clientes como Repsol, Petronor, Técnicas Reunidas o Initechan, habiendo sido sancionadas con 112.626 euros: Comaple y solidariamente su matriz Oteinver y Negocios Industriales y comerciales y solidariamente su matriz Ebengoa.

El informe pericial de Cártel del cable eléctrico

El informe pericial del cártel de cable eléctrico es la herramienta clave para determinar los daños y perjuicios causados por la actuación derivada del cártel (dichos daños y perjuicios comprenden el sobreprecio asumido como, también, las menores ventas que, en su caso, puedan derivarse del incremento al alza de los precios).

Es decir, dependiendo del caso, puede contener el cálculo del:

  1. Daño emergente producido por el cártel
  2. Lucro cesante por la falta de liquidez o necesidad de préstamos, en que se ha visto el afectado
Es muy importante contar con el asesoramiento legal adecuado.

Quiénes formaron el Cártel de Cable eléctrico

La comisión nacional de los mercados y la competencia ha impuesto sanciones por más de 44,7 millones de euros a cinco cárteles que se repartían en el mercado del sector de cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso domestico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales.

Un total de 11 empresas con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia y Portugal) y una asociación empresarial integran estos 5 cárteles desmantelados.

Estas empresas amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras hasta que uno de ellos denunció los hechos. Las sanciones se elevan a 44,7 millones para las empresas.

La creación de un cártel es la conducta ilicita más lesiva para el buen funcionamiento de la economía, ya que encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia.

Los hechos llevado a cabo por estas compañías han quedado acreditados en los emails, whatssap , y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su modus operando.

La reclamación por el cártel del cable eléctrico

A qué tienen derecho los perjudicados por el cártel

Los perjudicados por estos cárteles, bien el almacenista que compra al fabricante, el instalador que compra al fabricante, o cualquiera que compró con estos sobrecostes tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios que les ha ocasionado esta conducta ilícita.

Quién puede reclamar por el cártel

Pueden reclamar todos los perjudicados por dicho cártel y pueden reclamar todos los almacenistas eléctricos, instaladores o empresas que puedan considerarse clientes directos o indirectos de algunas de las empresas sancionadas.

Estos pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos derivados del sobreprecio que se habría pagado, de forma ilícita y durante el período de duración de los cárteles sancionados.

Que documentación se necesita para reclamar

El reclamante deberá recopilar la siguiente documentación fotocopiada:

1. Facturas de adquisición (período entre 2002-2015).

2. Justificantes de pago o financiación de la adquisición del cable.