La participación en los procesos de convocatoria abierta para licitaciones públicas se basan en un marco normativo de condiciones, denominado pliego de contratación. Los peritos judiciales son necesarios en estas situaciones para la correcta revisión y análisis de la documentación aportado.

Un fallo en el proceso selectivo puede ser el indicativo que se necesitaba para impugnar el proceso e iniciarlo con las condiciones corruptas enmendadas. Ante la situación de estar perdiendo oportunidades en la concesión del concurso público, la empresa necesitada puede contratar los servicios de un perito judicial para que evalúe la situación y aporten asesoramiento jurídico.

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Qué son las Licitaciones y Concurso Públicos

Las Licitaciones públicas son procedimientos motivados desde un organismo o público para que se inicie un proceso de concentración o concesión a una empresa, basado en la necesidad de provenir un servicio o suministro. Un ejemplo de este caso puede darse en los modelos de negocio de los medios de comunicación, donde empresas privadas adquieren dinero público a través del concurso.

Estos procesos son muy aclamados por las empresas suministradoras de servicio y ante la convocatoria abierta, son muchas las que se presentan para conseguir la concesión. La convocatoria está compuesta por un pliego de contratación, que es la forma en la que se denomina al documento en el que se asientan las bases del concurso: cuántos puntos cuenta cada requisito, el baremo de selección...

¿Cuáles son los tipos de licitaciones?

Existen distintas formas en las que se puede presentar una licitación pública: subasta -las empresas van pujando con distintos importes para conseguir la concesión-, concurso -se deben de cumplir los requisitos exigidos en el pliego-, licitaciones sin publicidad -es un listado acotado de empresas en el que el proceso de selección es cerrado-.

Los peritos judiciales son útiles durante los procesos de selección para la inspección de los contratos, las condiciones concursales y las solicitudes del resto de candidatos. Los informes judiciales de licitaciones públicas sirven para constatar la validez del proceso o, en caso contrario, reclamar a través de la impugnación o el recurso concursal.

Cuál es el procedimiento para conseguir una Licitación

El perito judicial encargado de elaborar el dictamen sobre la concesión deberá de conocer el paso a paso del proceso selectivo para poder evaluar cada uno de ellos por separado. Ante la necesidad de encontrar un fallo de mala praxis o una negligencia en el concurso el perito deberá examinar con atención todas las fases del mismo para detectar contingencias reclamables.

Al tratarse de un procedimiento de origen público, está publicado en el Boletín Oficial del Estado a través de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El perito de Contratos, en conocimiento de este marco regulador, debe ser consciente del orden y forma en la que se adjudica una licitación pública:

  • Proceso de anuncio de la convocatoria abierta
  • Anuncio de las bases sobre las que se presenta la licitación pública y el baremo utilizado para el proceso selectivo
  • Plazo abierto para la presentación de propuestas
  • Presentación de las propuestas. El perito deberá poder acceder al número de participantes, solicitudes de los mismos y propuestas económicas, así como tener la disposición de poder investigar sobre la naturaleza empresarial de cada uno de los solicitantes
  • Valoración de las propuestas por parte del órgano designado. Se podrán investigar los componentes dentro del proceso selectivo para validar la objetividad y neutralidad de la adjudicación
  • Resolución del resultado. Deberá estudiar el paso a paso, contabilizar los puntos y determinar si se ha favorecido, de manera deliberado, a alguno de los convocados a la licitación

El paso final es la firma de la concesión, pero el trabajo pericial se desarrollará previo a esta. En el momento en el que se publica la adjudicación del contrato, se extiende un plazo abierto para recursos o reclamaciones. Es aquí donde es conveniente contar con los servicios de un perito judicial especialista en el campo.

Cómo es el procedimiento de Impugnación

Todos aquellos participantes en procesos de adjudicación de licitaciones públicas deben conocer también las condiciones para la impugnación del proceso, en el caso de que se vean en la situación de tener que recurrir a la vía de la reclamación.

Básicamente son dos las razones que pueden motivar la decisión de impugnar el proceso selectivo. Por un lado, ante la sospecha de que se ha beneficiado o perjudicado de manera deliberada a alguno de los presentados a concurso. Por otro lado, la observancia disconforme del baremo de selección escogido.

¿Quién puede reclamar la licitación? Cualquier participante del proceso de licitación tiene derecho a emprender el procedimiento de impugnación si no están de acuerdo con la resolución. Del mismo modo, de estar en desacuerdo con el pliego de contratación, los concursantes potenciales también podrán optar a la impugnación pese a no haberse adscrito aún al proceso.

Existen dos vías por la que los interesados en impugnar pueden llevar a cabo esta opción. La primera es la más laxa, ya que se trata de una impugnación potestativa de la adjudicación a través de un recurso de reposición.

La segunda en cambio, es utilizada para las concesiones de gran envergadura, se llevaría a cabo mediante la presentación de un recurso en materia de contratación ante el tribunal que corresponde de acuerdo a las características particulares del concurso.

Cuál es el plazo para Impugnar

El plazo para llevar a cabo el recurso potestativo se inicia a partir de la publicación de la adjudicación y se extiende durante un mes de plazo. Si nos decantamos por la segunda opción, el plazo para llevar a cabo este recurso especial es de 15 días a partir del momento de la publicación de la adjudicación.

Estos 15 días son de carácter hábil por lo que no se tienen en cuenta fines de semana ni festivos. Existe una última opción que consistiría en ir por la vía contencioso administrativa en vez de únicamente por la administrativa. En este caso, el plazo de reclamación para solicitar la impugnación es de hasta dos meses.

El plazo va a venir también determinado sobre la orientación de la impugnación. Todos los pasos o fases incluidos en el procedimiento de licitación públicos son susceptibles de ser impugnados. Por tanto, si por ejemplo se quieren reclamar las condiciones del pliego de contratación, el plazo se iniciará en el momento de publicación del mismo.

No obstante, más allá de prestar especial atención a los días exactos en los que se inicia, lo más beneficioso será contar en todo momento con la ayuda, soporte y asesoramiento legal de un equipo jurídico compuesto por un Perito en Contratos y un abogado. Estos especialistas liderarán en proceso y se encargarán de evitar la prescripción de los plazos.

Ante la resolución de la adjudicación no debemos precipitarnos, pues según lo que marca la legislación reguladora, se disponen de 10 días hábiles en los cuales el proceso se congela para quedar pendiente a las solicitudes de revisión. Es decir, la empresa que ha ganado el concurso no podrá firmar la contratación hasta que pase el periodo destinado a la impugnación.

Qué necesito para Impugnar una Licitación

Principalmente el requisito más imprescindible para poder realizar la impugnación es verse interesado en participar en el proceso de adjudicación de contrato o haberlo hecho y no quedar conforme con el resultado publicado de la concesión.

Por tanto, el primer requisito es ser un perfil válido para la impugnación. Una vez tenemos eso claro, vamos a precisar de la contratación de los servicios de dos profesionales: el abogado y el perito judicial de Contratos.

Estos expertos son los encargados de liderar el proceso de impugnación y velar por los intereses del reclamante. El perito en Contratos va a seguir todo el proceso de adjudicación para determinar si se ha cometido algún fallo deliberado en la selección de la empresa que ha ganado la licitación.

Para ello, el reclamante deberá aportar toda la información o documentación que disponga en referencia al proceso selectivo. Para formar parte del listado de la convocatoria abierta deben de presentarse formularios y documentación que ratifique la conformidad con lo establecido en el pliego de contratación. Esta información legal puede ser muy útil para la investigación pericial.

  • Escrituras de la constitución e información mercantil de la empresa
  • Expediente de Clasificación Empresarial, a fin de conocer el estado financiero y las cuentas de la empresa solicitante
  • Certificado de deuda 0
  • Presentación de avales requeridos por el pliego

Todos los solicitantes están obligados a presentar la misma cantidad de documentación, por lo que debe de estar accesible en algún lugar. Esta información va a ser relevante para comprobar si se ha seguido el baremo establecido para el proceso selectivo.

El perito de Contratos tiene la obligación de detenerse a estudiar todos los expedientes que hayan podido afectar al desarrollo final de la pericial. Finalmente, emitirá un informe o dictamen pericial en el que evalúe las contingencias y la validez o no de la adjudicación de la licitación pública.

El perito encargado de ayudar en los recursos de licitaciones

¿Quién es el mejor perito judicial para estos casos? Las periciales deben ser elaboradas por especialistas o expertos en la materia sobre la que verse el proceso jurídico. En este caso, se precisa de un profesional que tenga conocimientos y experiencia suficiente en la gestión de Contratos y publicación de concursos por parte de la administración pública.

En esta misma línea, menos específico pero igualmente válido, puede ayudarnos el Perito Mercantil. Este especialista está formado para realizar peritajes del área de la economía empresarial. Como una parte relevante de los pliegos de contratación hace referencia al estado financiero de las empresas solicitantes, tendría valor añadido poder contar con un experto familiarizado en el estudio de estos datos.

Este trabajador va a ser el encargado de examinar todo el proceso selectivo, desde las actas de constitución de la adjudicación hasta el momento de la resolución. Además, tiene las competencias necesarias para investigar la Mesa de Licitadores encargados de seleccionar y valorar las solicitudes concursales.

El fallo del perito será emitido en forma de dictamen pericial, un documento con potestad y validez legal para ser presentado como evidencia probatoria en conjunto con el recurso que se decida interponer para la impugnación.

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El Informe Pericial para impugnar un Concurso Público

El informe pericial es el documento por excelencia que surge como resultado de un examen técnico pericial por parte de un especialista en la materia. En el caso de las licitaciones públicas, es el Perito de Contratos por su experiencia y conocimientos de condiciones concursales, pliegos de contratación y derecho mercantil.

Este documento va a ser un resumen en el que se plasmen las razones justificadas por las que se debe desestimar el pliego de contratación o hacer efectiva la impugnación del procedimiento de concesión de la licitación.

Para ello, el perito deberá haber realizado una inspección completa de todos los aspectos que puedan ser un motivo clave para recurrir. La interposición de recursos es el fin con el que se solicita la emisión del informe pericial, ya que este documento cuenta como evidencia probatoria y tiene la potestad y validez legal suficiente.

El perito judicial de Contratos tiene la obligación de acudir a la vista oral y presentar el informe, estando disponible para responder a cualquiera de las cuestiones que los implicados en las partes puedan tener.

El informe pericial debe ser claro, conciso y estar basado en premisas, pruebas y evidencias objetivas y contrastables. Es importante que la inspección pericial esté avalada por los principios de neutralidad, claridad expositiva y profesionalidad.